EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO   

 

 


EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

 

1.-    INTRODUCCION

La presente Ley, que es la versión actualizada del Proyecto elaborado en 1963 por la Comisión designada por el Ministerio de Justicia e integrada por Roberto Goldschmidt, quien la presidió, Joaquín Sánchez-Covisa y Gonzalo Parra-Aranguren, es el resultado de un largo proceso de estudio, discusión y depuración de conceptos. En ella se ha pretendido conciliar las enseñanzas de la doctrina contemporánea y del Derecho comparado con los datos históricos, sociales y humanos de la realidad venezolana.

En un campo tan controvertido, como el Derecho Internacional Privado, y en un medio, como el venezolano, que en la materia carece no sólo de una efectiva tradición jurisprudencial, sino incluso de una orientación sistemática definida en la solución de los conflictos de leyes, esta tarea no ha sido en modo alguno sencilla. Una formulación demasiado técnica, rigurosa y detallada de un sistema de normas de Derecho Internacional Privado corría el riesgo de significar el inútil empeño de imponer fórmulas legislativas abstractas, desconectadas de la realidad y convertirse así en fuente de perturbaciones y dificultades. Por el contrario, una consagración demasiado simple y general de principios fundamentales presentaba el peligro de que las normas perdieran su significado y su sustancia, al entrar en contacto con un medio forense poco familiarizado con la aplicación del Derecho extranjero y la interpretación de las normas de conflicto. Esos peligros, en cierto modo contrapuestos, arrancan, sin embargo, de una raíz común, y son particularmente dignos de tomarse en cuenta en virtud de la singular y paradójica situación de nuestro Derecho Internacional Privado positivo. La experiencia nos muestra, en efecto, que las normas contenidas en una serie de disposiciones legislativas aisladas pero congruentes y aún en un texto orgánico tan extenso y comprensivo, como el Código Bustamante, han tenido una vida latente y han carecido de verdadera significación real. Y nos muestra asimismo, como ha señalado agudamente el Dr. Lorenzo Herrera Mendoza, que un sistema de raigambre estatutaria, con originales y plausibles características propias, ha sido adulterado por la práctica y ha venido a convertirse en un sistema de coloración territorialista o, aún peor, en un cúmulo de soluciones inciertas e inconexas.

Corregir, en lo posible, esa situación, alcanzar en la esfera de los conflictos de leyes los dos supremos objetivos de justicia y seguridad jurídica, razón de ser de toda norma de Derecho, y acoplar las disposiciones a las características y necesidades de la realidad social, económica y humana de nuestro país, son los propósitos de la presente Ley.

Por otra parte, en 1975 comenzó la nueva fase de codificación interamericana, en la cual Venezuela participa activamente. Desde la proposición de los temas, pasando por la elaboración y discusión de los proyectos de convenciones, finalizando con la aprobación y ratificación de las mismas, Venezuela juega en este proceso un rol protagónico. Como resultado de esta actividad, se agregan al Acuerdo Boliviano y al Código Bustamante, un considerable número de convenciones interamericanas y de protocolos adicionales sobre diversos temas de Derecho Internacional Privado, ratificados por Venezuela.

Esta preocupación continental está acompañada por la participación de Venezuela en la Conferencia de La Haya, de la cual nuestro país es miembro desde 1979, adhiriéndonos, hasta la fecha, a varias convenciones aprobadas por dicha Conferencia.

Ello ha supuesto un laborioso esfuerzo en la redacción y en la propia selección de las normas que debían ser incluidas en la Ley. Casi todos los capítulos han sido reelaborados varias veces después de considerar, en el seno de la comisión encargada de la elaboración del Proyecto, así como en las Reuniones Nacionales de profesores de Derecho Internacional Privado, la última de las cuales se realizó en abril de 1996, las dudas y problemas que podía suscitar su aplicación en los casos reales. En no pocas ocasiones, un conjunto de normas cuidadosamente redactadas fueron totalmente eliminadas o sustituidas por uno o dos preceptos sencillos, por considerar, después de esa confrontación crítica, que su inclusión originaba más inconvenientes que ventajas.

Por lo demás, la preparación de la Ley ha obligado a adoptar un criterio definitivo sobre ciertos problemas fundamentales. La elección de las soluciones se ha efectuado después de ponderar cuidadosamente las ventajas y desventajas de las distintas alternativas y con la convicción de que, en materias jurídicas, la solución más aceptable es simplemente aquélla que origina un menor número de inconvenientes en la vida real.

A continuación se contemplan los más importantes problemas y soluciones, sin penetrar en un estudio detenido de cada una de las normas de la Ley. Tal estudio rebasaría, en efecto, las dimensiones y los objetivos de una exposición de motivos.

2.- METODOLOGIA LEGISLATIVA

El problema inicial que implica la redacción de un conjunto orgánico de normas de Derecho Internacional Privado es el de determinar si esas normas deben incorporarse a una ley especial o encuadrarse en la parte introductoria del Código Civil. Aunque esta última solución tiene a su favor la tradición legislativa de los sistemas latino-europeos y americanos, y arranca de la vieja autoridad del código Napoleón, ha parecido más conveniente adoptar la solución de la ley especial.

En primer lugar, porque responde a una orientación definida de la legislación comparada en los últimos decenios, que tiene pilares especialmente resaltantes en la ley polaca de 1926 y en la checoslovaca de 1948, cuya promulgación significó el comienzo de la autonomía legislativa del Derecho Internacional Privado y un importante punto de partida de las novísimas legislaciones, tales como, austríaca (1978), suiza (1989), italiana (1995) y de Liechtenstein (1996). En segundo término, porque aquellas legislaciones contemporáneas que incluyen las normas de conflicto dentro del Código Civil, tienden a otorgarles una esencial sustantividad y a integrarlas, incluso, en una Ley introductoria o preliminar o en libro separado desvinculado del articulado del código. así ocurrió con el Derecho alemán (reformada en 1986), y así sucede en América con el Derecho del Brasil (1942), que las incluye, como aquél, en la Ley de introducción; en Perú (1984), en Quebec (1991) y Louisiana (1991), que las incluyen en un libro separado del Código Civil.

En tercer y fundamental lugar, porque teniendo en cuenta la estructura de nuestro Código Civil, y el número y posición de las normas de conflicto actualmente incluidas en él, la solución de una Ley especial es mucho más viable, desde el punto de vista de la técnica y política legislativa, que una reforma parcial del Código Civil, y facilita, además, por idénticas razones, las modificaciones futuras tendientes a ajustar las normas de la presente Ley a las necesidades y exigencias de la realidad.

3.- OBJETIVOS

Los objetivos primordiales de esta ley son:

a)     resolver los antiguos problemas del sistema venezolano de Derecho Internacional Privado, caracterizado por sus contradicciones entre los artículos contenidos en el Título Preliminar del Código Civil (8, 9, 10, 11 y 26), por su carácter estatutario, por la dispersión de sus disposiciones en los códigos y en leyes especiales y por el inadecuado factor de conexión personal;

b)     ajustar la legislación venezolana de Derecho Internacional Privado a la realidad social del país;

c)     adaptar las soluciones internas a los avances consagrados en la codificación convencional, especialmente las convenciones de La Haya y las convenciones interamericanas sobre Derecho Internacional Privado;

d)     adaptar las soluciones venezolanas al desarrollo universal de la materia y a las legislaciones más recientes, que se han convertido en instrumentos válidos para el armónico desarrollo de las relaciones jurídicas entre los particulares.

4.- PARTE GENERAL

Se ha estimado indispensable dedicar el primer capítulo de la Ley a los problemas técnicos generales que implica la solución de los conflictos de leyes, esto es, a aquellos que integran la teoría general o la parte general del Derecho Internacional Privado.

Tales problemas diferencian esencialmente la actuación del Juez o del intérprete que resuelve conflictos de leyes y aplica, eventualmente, Derecho extranjero, de la actuación del Juez o del intérprete que, como ocurre en la mayor parte de los casos, se limita a aplicar el Derecho interno, es decir, la lex fori, a las relaciones jurídicas controvertidas. Es más, la falta de conocimiento o sensibilidad ante esos problemas explica la tendencia común de la práctica a desconocer el planteamiento internacional privatista y a propender a imprecisas soluciones de orientación territorialista.

Después de una norma general relativa a las fuentes (artículo 1), que recoge los principios actualmente vigentes (artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, artículo 8 del Código de Procedimiento Civil y artículo 4 del Código Civil) y agrega como fuentes primarias las normas de Derecho Internacional Público, se han contemplado los grandes temas que constituyen la teoría general del Derecho Internacional Privado y que son: tratamiento del Derecho extranjero, reenvío, derechos adquiridos, cuestiones previas, adaptación, orden público, institución desconocida y normas de aplicación necesaria.

Sin entrar en un análisis detallado de los preceptos correspondientes, es útil hacer una breve referencia a ellos.

En la aplicación del derecho extranjero (artículo 2), se admite la tesis «jurídica», lo cual es particularmente importante porque la legislación venezolana interna nunca ha tenido disposición sobre el particular, limitándose a lo previsto en los tratados ratificados por Venezuela (Código Bustamante y Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado).

Se ha considerado útil, en nombre de un principio de seguridad jurídica, establecer reglas definidas en materia de reenvío (artículo 4), determinando, por lo tanto, si la norma de Derecho Internacional Privado nacional remite exclusivamente al Derecho material extranjero (excluyéndose las normas de remisión), o a la totalidad del Derecho extranjero, con inclusión de las normas de Derecho Internacional Privado. Tales reglas se limitan a aceptar con carácter general el reenvío simple y, en un caso especial, el reenvío ulterior. Acogen, como puede verse, el reenvío, cuando propende a unificar la solución nacional con la solución del Derecho extranjero o cuando, como ocurre frecuentemente en el reenvío simple, ambas son inevitablemente divergentes.

Se consagra el respeto a las situaciones jurídicas creadas en el extranjero, siempre y cuando no contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto (artículo 5). Este artículo, por su amplitud y flexibilidad, permitirá al juez encontrar una solución adecuada para cada caso, finalidades que también persigue la regulación de las cuestiones previas (artículo 6), la cual recoge la misma fórmula de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado.

La Ley ha preferido formular simples normas generales de orientación, a través de la adaptación (artículo 7), que alertan al intérprete sobre el sentido general de los problemas. A esto se debe la ausencia de la regulación expresa de la calificación, probablemente, la más difícil y problemática cuestión de todo Derecho Internacional Privado.

La fórmula de orden público internacional tiene carácter restrictivo, de excepción, con lo cual se limita la aplicación de dicho mecanismo a los casos en que se producirían resultados manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano, lo cual confirma la preocupación de nuestro legislador de no abusar del mismo (artículo 8).

La consagración de la institución desconocida (artículo 9), introduce también una excepción que restringe la aplicación del derecho extranjero a los casos en que no sea posible encontrar instituciones análogas del foro. En esta materia, al igual que en el orden público internacional se observan las modernas tendencias del Derecho Internacional Privado de restringir al máximo la no aplicación del derecho extranjero.

La inclusión expresa de la aplicación necesaria de las disposiciones imperativas del Derecho venezolano (artículo 10) pretende amparar frente a la aplicación del Derecho extranjero, aquellas actividades en las cuales existe especial interés del Estado con fines de protegerlas.

5.- CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DOMICILIO

Una de las modificaciones más importantes de la Ley es la sustitución del principio de la nacionalidad por el principio del domicilio, como factor de conexión decisivo en materia de estado, capacidad y relaciones familiares y sucesorias.

Esa modificación, que aproxima la solución venezolana a la solución de la mayor parte de los países americanos y de los países de common law, se ajusta mejor a las realidades demográficas, económicas y sociales de nuestro país y ha sido expresa o implícitamente propugnada por gran número de estudiosos nacionales.

El principio de la nacionalidad, inicialmente en nuestra codificación en el Código Civil de 1862 y se incorpora definitivamente en el código de 1867, en el cual se basa todavía el vigente código de 1982, ha tenido una aplicación un tanto precaria, pese a su larga vigencia legislativa, en razón de haber estado constantemente cercenado por las interpretaciones territorialistas antes mencionadas. En tal virtud, el principio del domicilio, que tiene obviamente un sentido más territorialista, viene a establecer una mejor concordancia entre las disposiciones de la Ley y las tendencias de la práctica y de la jurisprudencia.

Las disposiciones de la Ley referentes al domicilio regulan su concepto general, el cual se califica a través del término de residencia habitual, que resulta de fácil comprobación (artículo 11), así como los domicilios especiales, entre los cuales figura el de la mujer casada (artículo 12), otorgándosele plena autonomía frente al domicilio del marido.

Con ello, no sólo se recogen las modernas orientaciones político-sociales relativas a la emancipación de la mujer y a la igualación de los sexos, consagradas en la reforma del Código Civil de 1982, sino que se afirma un principio que, en materia de Derecho Internacional Privado, evita frecuentes y graves injusticias.

Es oportuno señalar que la tendencia hacia el domicilio se recoge en la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, que regula diversos aspectos del mismo y responde a las realidades del continente.

6.- NORMAS DE DERECHO CIVIL INTERNACIONAL

La Ley comprende esencial y casi exclusivamente normas de Derecho Civil Internacional, ya que, de igual manera que el Derecho Civil constituye, en el Derecho material o interno, la matriz nuclear del Derecho privado, en el Derecho Civil Internacional se encuentran las bases esenciales para la construcción del sistema de normas de Derecho Internacional Privado.

Las normas correspondientes contemplan, en capítulos sucesivos, las personas, la familia, los bienes, las obligaciones, las sucesiones y la forma y la prueba de los actos.

El capítulo III, referido a las personas, incluye entre sus modificaciones más importantes, frente al sistema venezolano consagrado en el Código Civil, las que se derivan de la aplicación del principio domiciliario, tal y como ocurre en materia de familia y sucesiones. Además, se prevé la regulación de las personas jurídicas (artículo 20), según lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado.

En el capítulo IV, referente a la familia, destacan, entre sus regulaciones más novedosas, las siguientes:

  • El aspecto registral de las capitulaciones matrimoniales válidamente celebradas en el extranjero (artículo 22), a fin de permitir su registro en cualquier momento, sólo en aquellos casos en que se pretenda que produzcan efectos respecto de terceras personas de buena fe, sobre bienes inmuebles situados en Venezuela. Tal inclusión se debe a frecuentes planteamientos prácticos que, hasta ahora, no habían podido ser solucionados en base a la normativa anterior.
  • Debido a que el divorcio se rige por el Derecho del domicilio del cónyuge demandante (artículo 23), solución esta que resulta más apropiada para nuestro país debido al gran número de matrimonios mixtos, se ha considerado necesario regular los efectos del cambio de domicilio, ya que, de otra manera, se corre el riesgo de permitir el cambio de domicilio con fines fraudulentos.

El contenido de las disposiciones referentes a filiación (artículo 24), adopción (artículo 25) y tutela (artículo 26) tiene por norte el interés superior del niño, principio fundamental de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela en 1990.

En el capítulo V, materia de bienes, la Ley se limita a consagrar la competencia del Derecho de la situación (artículo 27) y a regular problemas de sucesión temporal de leyes diversas (artículo 28). Respecto de las obligaciones, ubicadas en el capítulo VI, y particularmente en el caso de las obligaciones convencionales (artículo 29) se ha procurado resumir en un conjunto de preceptos las orientaciones más relevantes de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, ratificada por Venezuela en 1995, de la más autorizada doctrina, y las necesidades de una de las instituciones de más delicadas repercusiones prácticas en el comercio jurídico internacional. Entre estas orientaciones destacan: la total libertad de la voluntad de las partes para escoger el Derecho Aplicable (artículo 29) y, a falta de tal escogencia, la aplicación del Derecho con el cual esté directamente vinculada la relación contractual, tomando en cuenta para ello los tribunales, entre otros criterios, los principios generales de Derecho comercial aceptados por organismos internacionales, como lo son, los principios recientemente aprobados por UNIDROIT.

La Ley también da cabida a la amplia aplicación de la lex mercatoria (artículo 31), con la finalidad de alcanzar los objetivos de justicia y equidad en cada caso concreto.

En el capítulo VIII se ha verificado una reforma sustancial en materia de forma de los actos, otorgando un carácter facultativo a la regla locus regit actum (artículo 37) y reduciendo, por lo tanto, en las relaciones jurídico-privadas internacionales, la posibilidad de nulidad de los actos por simples razones de carácter formal. Así se recogen también las orientaciones dominantes en la doctrina y en la legislación comparada, tanto internacional como interna. Por lo demás, la norma está formulada con suficiente amplitud, a fin de que el criterio resulte aplicable a los requisitos formales de los actos de última voluntad, del matrimonio y de la adopción, lo cual implica una clara modificación de las disposiciones legales vigentes.

7.- NORMAS DE DERECHO PROCESAL Y COMERCIAL INTERNACIONAL

Al redactar la Ley se ha partido del concepto de que las normas de Derecho Internacional Privado eran, en sentido estricto, las relativas al Derecho Privado sustantivo -esencialmente Derecho Civil y Derecho Mercantil- y al Derecho Procesal Civil y que sólo ellas debían, por lo tanto, formar parte de su articulado.

Se ha considerado, por el contrario, que las normas de conflicto referentes al Derecho Público, con la sola excepción del Derecho Procesal Civil, formaban parte integrante de las ramas jurídico-públicas respectivas y debían, en consecuencia, incluirse en los textos legales respectivos. Eso sucede, por ejemplo, con el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal, el Derecho Tributario, el Derecho Administrativo; y es lo que ocurre hoy efectivamente en nuestra actual Legislación positiva. Tales normas, en efecto, delimitan exclusivamente la esfera de aplicación del Derecho nacional. La excepción efectuada con el Derecho Procesal Civil, en consonancia con el criterio de gran parte de la doctrina y la legislación comparada, se basa en su íntima conexión con el Derecho privado sustantivo y en la importancia que tiene la competencia procesal y el problema de la penetración de los efectos de la sentencia extranjera en la vida jurídica privada internacional.

En el caso del Derecho Mercantil Internacional, se ha preferido no establecer una regulación especial independiente. Ello confluye, de un lado, en esta materia, con las orientaciones tendentes a la unificación del Derecho Privado, pero se justifica, sobre todo, porque las normas de conflicto fundamentales, que son las únicas que habrían tenido cabida en la ley, son las mismas normas de Derecho Civil Internacional o se derivan lógicamente de ellas. Por otra parte, se ha juzgado que las normas relativas a temas muy especiales, como las referentes a Derecho Cambiario, Seguros, Quiebras o compañías de Comercio o bien escapaban a las características generales de esta ley, o bien -como sucede señaladamente en el caso de las Sociedades Mercantiles- debían desarrollarse en el seno de la propia ley mercantil dentro de los principios generales que la ley de Derecho Internacional Privado señala. Los Proyectos del 2 Libro del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos Valores y Operaciones Bancarias comprenden, en efecto, tales disposiciones.

Algo similar puede decirse respecto de las ramas jurídicas que en nuestra época, se han desgajado del tronco civilista para integrar ramas jurídicas autónomas, vgr. el Derecho de Autor, o para aproximarse, en mayor o menor medida, al Derecho público. Ese es el caso del Derecho del Trabajo o, en su más amplia acepción, del Derecho Social. Los principios generales que suscitan en materia de conflicto de leyes se derivan de las reglas de esta Ley y el enfoque de los múltiples problemas concretos que originan debe corresponder a las leyes especiales respectivas.

En materia de Derecho Procesal Internacional, se han contemplado, en los capítulos IX, X y XI, los problemas referentes a la competencia procesal internacional o jurisdicción, a la eficacia de las sentencias extranjeras y al procedimiento, respectivamente.

El término "competencia procesal internacional" se sustituye por el de "jurisdicción", por cuanto se evita así la confusión con la competencia interna, frecuentemente observada, y resulta más acorde con la terminología del Código de Procedimiento Civil.

Las normas sobre jurisdicción (artículos 39 al 46) completan y modifican las reglas vigentes que resultan en esta materia insuficientes o discutibles, si bien se apoyan esencialmente en los mismos principios fundamentales.

La ley consideró necesario abordar lo correspondiente a la derogación de la jurisdicción venezolana (artículo 47), a fin de aclarar las dudas ocasionadas por el contenido del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil.

También se subsanan las omisiones en que había incurrido el sistema venezolano vigente, al incluir normas de la competencia interna (artículos 48 al 52), una vez determinada la jurisdicción venezolana en los casos con elementos extranjeros.

Las normas sobre eficacia internacional de la sentencia implican también una modernización y racionalización de las disposiciones vigentes, que se ajustan mejor a los criterios de técnica y de justicia, requeridos por uno de los problemas de mayor resonancia en la vida jurídica privada internacional. Por lo demás, no se trata el aspecto específicamente procedimental, esto es, el referente al procedimiento del exequátur y a la determinación del tribunal competente para decretarlo, pues se ha estimado que, por razones prácticas y de buena técnica legislativa, debían seguir constituyendo materia específica de la legislación procesal.

Se regula, sin embargo, la eficacia parcial de una sentencia extranjera (artículo 54), siguiendo, en este sentido, lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ratificada por Venezuela en 1985, y las soluciones jurisprudenciales venezolanas.

Por último, se han tratado solamente los principios generales relativos al procedimiento por no haberse juzgado conveniente penetrar en detalles técnicos, estrechamente vinculados con la ordenación jurídico-procesal y con realidades de carácter internacional, que rebasan las características y propósitos de esta ley.

Dentro de estos principios generales se regula la falta de jurisdicción del juez venezolano respecto al juez extranjero (artículo 57), por cuanto la previsión del Código de Procedimiento Civil (artículo 59) es insuficiente y la materia es de gran importancia práctica.

Asimismo, se hace referencia a la litis pendencia internacional (artículo 58), que se considera procedente sólo en los casos en que los tribunales venezolanos no tengan jurisdicción exclusiva.

8.- DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA Y ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY

Se prevé la derogación de las disposiciones legales dictadas con anterioridad sobre la materia objeto de esta ley (artículo 63). La cláusula derogatoria comprende, especialmente, los artículos 9, 10, 11, 26 (en su parte final), 104, 105, 106, 107, 108 y 879 del Código Civil; los artículos 2, 4, 6, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 (primer aparte), 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil.

En lo que concierne al artículo 8 del Código Civil se observa que, una vez aprobada esta Ley, desaparecen las dudas originadas por su interpretación y su transcendencia se reduce a una declaración formal, sin influencia en el sistema de Derecho Internacional Privado. Por otra parte, el contenido del artículo 8 del código de Procedimiento Civil ha sido trasladado, con una redacción más rigurosa, al artículo 1 de esta Ley.

Los artículos103 y 109 del Código Civil deberán ser sustituidos en el futuro por una mejor ordenación de los actos del estado civil.

Con vista de la exposición anterior y de las modificaciones que la Ley implica en el sistema nacional de normas de conflicto, se establece un período de vacatio legis de seis meses (artículo 64), entre la publicación de la presente Ley y su entrada en vigor.

A manera de conclusión, es de justicia recordar en esta exposición al Dr. Pedro Manuel Arcaya quien redactó, hace aproximadamente medio siglo, el primero y único Proyecto de Ley de Aplicación de Derecho Internacional Privado preparado en Venezuela y, muy especialmente, al Dr. Lorenzo Herrera Mendoza, quien en la cátedra y fuera de ella, se esforzó incansablemente, con inteligencia y vigor ejemplares, en aclarar las realidades y los problemas del Derecho Internacional Privado nacional, y en cuyas enseñanzas se basan las principales orientaciones de la presente ley.